En México, a partir del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, se incorporaron elementos para
orientar el gasto según sus resultados concretos, como: el enfoque de
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED). Gracias a estas iniciativas, las evaluaciones internacionales muestran
un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas (ver el Informe/06/2013).
En este contexto, el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha encomendado que la transparencia y rendición de cuentas
sean herramientas significativas para impulsar un Gobierno eficaz. Por
ello, se han adoptado mejores prácticas en estas líneas y ha fortalecido la
cultura de la evaluación del desempeño de los programas y de las políticas
públicas.
Así, dentro del marco del Pacto por México y del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), la
iniciativa de Reforma Hacendaria y de Seguridad Social, presentada el pasado 8
de septiembre, establece el compromiso de que el Gobierno de la República
ejerza el gasto cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia,
rendición de cuentas y transparencia, para apoyar el crecimiento de México y
beneficiar a las familias mexicanas.
Cabe destacar que la Propuesta
de Reforma Hacendaria establece una meta de gasto que privilegie la inversión
en educación e infraestructura, no así el crecimiento del gasto corriente.
Esta nueva regla de
balance estructural, propone que en tiempos de elevado crecimiento económico y
altos ingresos tributarios, se generen ahorros para usarse en momentos de menor
dinamismo económico, así como establecer un fondo de ahorro de largo plazo.
Además, la Reforma permitirá que el gasto público, tanto Federal como de
los Estados, se ejerza de manera más transparente y eficaz para que cumpla el
objetivo de beneficiar directamente a la población en áreas prioritarias de
desarrollo social, educación, salud e inversión.
De esta forma, la propuesta de Reforma Hacendaria promueve finanzas sanas y
el ejercicio eficiente y transparente del gasto. Por ejemplo a nivel Federal se
propone:
ü Racionalizar el
uso de los recursos del gasto corriente, destinando
los ahorros generados a fortalecer los programas prioritarios de la
Administración Pública Federal (APF), para ello:
• Se realizará la
contratación consolidada de materiales y suministros, y de servicios,
incluyendo telefonía, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado,
vigilancia, etc.
• No se crearán
plazas salvo los casos en que las dependencias y entidades cuenten expresamente
con recursos aprobados para tal fin en el Presupuesto o aquellas que resulten
por reformas jurídicas.
• No se adquirirán
vehículos, salvo aquéllos que resulten indispensables para prestar servicios,
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las
actividades productivas de PEMEX y CFE. En las Entidades Federativas se propone
incrementar la transparencia en el ejercicio del gasto público, con lo que se
generará mejor control de la nómina educativa y del gasto en salud:
ü Se mejorará el
ejercicio, la distribución y transparencia de los recursos de los Fondos de
Aportaciones Federales.
• Se plantea
implementar el Fondo de Nómina Educativa (FONE), el cual propone un control
administrativo y operativo de la nómina educativa y de los maestros
transferidos a los Estados en el marco del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica[1].
Se establece un
mecanismo de negociación único y definitivo de acuerdos salariales para los
maestros federalizados, el cual en todo momento deberá ser consistente con los
objetivos que se establezcan en la Ley del Servicio Profesional Docente.
[1] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y
los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los
Estados por parte de la Federación (maestros federalizados)
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