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14 de octubre de 2013

Organizaciones de filantropía piden no limitar las deducciones de las personas físicas.

Legisladores federales se reunieron con el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), con el propósito de escuchar sus inquietudes y propuestas que alrededor de 7 mil asociaciones civiles del ramo han consensado respecto a la reforma hacendaria, próxima a discutirse en el Poder Legislativo. 


En el encuentro, Consuelo Castro y Jorge Villalobos, del Cemefi, cuestionaron que la iniciativa del Ejecutivo federal limita el monto de las deducciones de las personas físicas a dos salarios mínimos anualizados o el 10 por ciento de los ingresos totales anuales. Tales deducciones incluyen gastos médicos, colegiaturas, intereses sobre hipotecas, y otros rubros. 

Al estar incluidos los donativos, puntualizan, es previsible la caída drástica de las donaciones. Ante ello, el Cemefi propuso que en la discusión de la reforma para limitar las donaciones, las de las personas físicas a instituciones autorizadas queden fuera de la regla, ya que, de no ser así, “se pondrá en riesgo la existencia de muchas organizaciones”. 

Por otra parte, se solicitó mantener en un 7 por ciento de las utilidades fiscales el monto deducible que pueden donar las empresas; sin embargo, la propuesta del Ejecutivo establece que, de ese porcentaje, hasta el 4 por ciento puede ir a los gobiernos, por lo que únicamente un 3 por ciento iría a las “donatarias autorizadas”. Ante esto, se propuso que las donaciones que las empresas hagan al gobierno, queden fuera del límite del 7 por ciento de las utilidades fiscales que pueden deducir, e incrementar este límite al 30 por ciento. 
“No cuestionamos las donaciones al gobierno, pero que no queden bajo del 7 por ciento las empresas con derecho de donar”, manifestó Jorge Villalobos. 

Asimismo, comentó que si bien el gobierno reconoce a las organizaciones científicas, educativas, de deporte y medio ambiente entre otros, como sociedades civiles, éstas sólo podrán recibir donativos deducibles del ISR si cumplen con la condición de que sus actividades atiendan a sectores vulnerables o de escasos recursos, lo cual haría muy difícil a varias sociedades obtener recursos. 

En su intervención, el diputado Jorge Herrera Delgado (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que con el paso de los años se ha venido “arrinconando” a las autoridades y a su discrecionalidad, a través de las leyes. Se han replegado, sin embargo, “el espacio que ha quedado libre, no ha sido ocupado por la sociedad, como corresponde”, sostuvo. 

En el marco de este encuentro, Herrera Delgado precisó que en la mayoría de las ocasiones, los espacios de la sociedad son ocupados por los organismos de presión, “que son aquellos que no siguen la ley”. Por ello, sostuvo que “la energía social debe manifestarse y tomar su lugar como le corresponde, en el centro de los privilegios, por lo que hoy en día es necesario unir esfuerzos con las asociaciones civiles para que los legisladores, a través del marco jurídico, alienten una mayor participación de la sociedad”. 

Consideró que reuniones como la realizada con el Cemefi, permiten establecer alianzas con tales organismos, lo que permitirá al Poder Legislativo tomar mejores decisiones y retroalimentar la realidad cotidiana que viven. Esto podrá “ayudarnos a establecer un mejor marco normativo”, subrayó. Explicó que se ha propuesto una transformación del Estado en donde tenga más presencia la sociedad que el gobierno, con la intención de cuidar que las cosas se hagan en beneficio de los ciudadanos, sin abandonar el papel que el Estado tiene; “más sociedad y menos gobierno hasta donde sea posible”, sostuvo. 

Respecto a la Reforma Hacendaria próxima a discutirse, Herrera Delgado dijo que la Comisión de donde es secretario, abre espacios para escuchar a la sociedad civil, puesto que los trabajos legislativos deben respaldarse en las actividades que éstas llevan a cabo. Este encuentro fue la conclusión de un ciclo de reuniones mensuales organizadas por legisladores, cuya intención fue establecer los puentes necesarios entre el sector social y las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Con esto, se busca “atender las lagunas en el marco jurídico que corresponde a los legisladores analizar”, explicó por su parte la diputada Leticia Calderón Ramírez (PRI).





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